ASUNCIÓN.- La Fiscalía acusó y pidió juicio oral para los agentes policiales Alberto Zelada Echagüe y Cristhian Daniel Ramos Agüero, sindicados de haber hurtado municiones de la Comandancia. El requerimiento conclusivo fue planteado por la fiscal Natalia Cacavelos.

Los uniformados enfrentan cargos por hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, estos dos últimos hechos, conforme a las disposiciones previstas en la Ley especial de Armas.

Los antecedentes refieren que el 17 de setiembre del año 2022, entre las 07:00 y 10:00 horas, el suboficial Inspector Ramos Agüero, se encontraba cumpliendo funciones en la Armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional ubicada sobre las calles Paraguayo Independiente y Chile de la ciudad de Asunción.

Sin embargo, horas después se constató el hurto de 2.500 unidades de municiones sin percutir, calibre 9x19mm, propiedad de la Policía Nacional correspondientes al Programa N° 10 de la Tesorería de Operaciones contra grupos criminales, las cuales se encontraban resguardadas en el interior de la referida armería.

El mismo día,  el Zelada Echagüe – personal interno de la Agrupación de Seguridad y quien en ese momento se encontraba con reposo médico – llegó al lugar y requirió la entrega de las municiones sustraídas, comprometiéndose a abonar a Ramos Agüero la suma de Gs. 8.000.000. Una vez en posesión de los mismos abandonó el sitio, indica la acusación de la Fiscalía.

Con posterioridad a la entrega, según el Ministerio Público,  Zelada efectuó un primer pago,  por la suma de Gs. 1.000.000 y se quedó pendiente la entrega de Gs. 7.000.000 restantes.

Parte de los cartuchos sustraídos habrían sido comercializados en Pedro Juan Caballero, con la intermediación de los hoy acusados.

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ASUNCIÓN. “El crimen organizado actúa en Asunción; así de simple y claro es esto”, dijo el senador Hugo Richer (Frente Guasu), al referirse al asesinato de un presunto narco ocurrido el sábado en la capital del país. Afirmó que la delincuencia organizada ya salió de Pedro Juan Caballero, donde ocurre casi cotidianamente hechos similares, y ya se estableció en Asunción y será muy difícil enfrentarla. Está incrustado no solamente en la política, sino también en grupos empresariales, señaló, citando el caso de Jarvis Chimenes Pavão.

“El crimen organizado y sus actuaciones hace mucho que salió de Pedro Juan Caballero. Tal vez no estamos todavía dimensionando el hecho. En PJC ocurre casi cotidianamente. Tenemos una serie de episodios lamentablemente en Asunción y departamento Central en los últimos años. Episodios que en principio fueron aislados y se van volviendo frecuente”, destacó el parlamentario, en contacto con la emisora 10320 AM.

Sostuvo que “este hecho (lo ocurrido el sábado), al igual que aquel de San Bernardino (enero 2022), otro en el barrio Sajonia, todos están vinculados al crimen organizado. Estamos ya ante la expansión territorial del crimen organizado y fundamentalmente ya ubicado en Asunción y el departamento Central. Esa es la realidad y tenemos que hablar crudamente sobre esto y volver a la pregunta ¿qué hacer?”.

Señaló que el crimen organizado no es un tema que habría que enfrentarlo solamente en el Paraguay. “Si acá no hay un acuerdo estratégico entre los países principalmente de la región, como Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, incluso Uruguay, de tal manera a montar un operativo en base a inteligencia, control financiero y una serie de datos, va a ser muy difícil enfrentar este tipo de temas”, indicó.

“Hace mucho tiempo el crimen organizado no intervenía directamente en política. Digamos que intervenía indirectamente en la ella; financiaba candidaturas, campañas. Hoy día sigue financiando las campañas, pero sus actores ya están dentro de la política”, destacó el senador.

Recordó el operativo “A Ultranza Py”, “donde cayeron incluso gente con bancas parlamentarias. Hay gente en el Poder Judicial, algunos identificados y otros en sospechas, lo que significa que el crimen organizado opera dentro del Estado paraguayo y yo diría con una creciente y peligrosa influencia”.

“Hemos llegado a esta situación no solamente en la política. En los grupos empresariales hay gente vinculada con el crimen organizado. Estamos viendo de tanto en tanto como cae gente que se dedica a la ganadería, que tiene importantes extensiones de tierras”.

En ese sentido, citó el caso de Pavão, cuyas tierras se extendían entre Concepción y el departamento San Pedro, llegando casi a 6.000 hectáreas, dijo. “Era un próspero ganadero”, mencionó Richer.

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ASUNCIÓN.- Después de varias chicanas, por fin el miércoles se iniciará el juicio oral al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón ante la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de destrabar el proceso al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su defensa.

Díaz Verón está procesado por enriquecimiento ilícito y su esposa, María Selva Morínigo, por lavado de dinero y la acusación fue presentada ya el 13 de agosto del 2019 por el fiscal Osmar Legal, quien afirmó que cuenta con suficientes elementos en contra de los acusados.

El Tribunal de Sentencia que es competente para llevar adelante el juicio oral está integrado por los jueces Cándida Fleitas, Víctor Alfieri y Alba González, quienes juzgarán al ex fiscal y su esposa.

Luego de permanecer varios meses con prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué, Díaz Verón fue beneficiado con la reclusión domiciliaria. Su expectativa de pena es de hasta 10 años de cárcel, y se basa en que entre el 2014 y el 2016 acumuló una fortuna de 1.147.058.591 guaraníes, que no se justificaban con sus ingresos económicos.

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El fiscal Lorenzo Lezcano confirmó el hallazgo aparentemente de restos humanos en la zona de General José Gervasio Artigas, en el departamento de Itapúa. Sospechan que se trataría del cambista Vicente Centurión, secuestrado en agosto del 2022 en Ñemby, departamento Central.

Los restos encontrados serán trasladados a la morgue judicial para determinar si se trata de la persona desaparecida, dijo el representante del Ministerio Público a la emisora 1080 AM.

“Este secuestro ocurrió en agosto del año pasado. Posterior a ello realizamos procedimientos en el departamento Central, específicamente en Ñemby y pudimos establecer que se utilizó una segunda vivienda de cautiverio en la zona de Itapúa, concretamente en la ciudad de San Pedro del Paraná. La ubicación donde nos encontramos ahora (lugar del hallazgo) dista aproximadamente 8 kilómetros en línea recta del sitio donde realizamos el allanamiento”, destacó el fiscal.

Los restos fueron hallados a la vera de un camino vecinal, en una cuneta de aproximadamente dos metros de profundidad, reveló Lezcano. “Está envuelto en un papel film, totalmente embalado. La información que manejan los investigadores es que efectivamente se trataría de restos humanos”, acotó.

EL NARCOTRÁFICO COMO MOTIVACIÓN

Respecto a los supuestos responsables, mencionó que hay cuatro personas imputadas, ya con orden de prisión. Además, hay ordenes de detenciones pendientes.

Sobre la motivación que tuvo el secuestro, el fiscal dijo que sería el narcotráfico. “Para las negociaciones que tuvieron los familiares con los supuestos captores se utilizaron terminales que operaban en la ciudad de Lima, Perú y otro en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Durante el intercambio de mensajes, ya sea de texto, audio y videos con los familiares, hablaban ellos que esta persona estuvo involucrada en un evento donde había desaparecido una carga que vino encomendada por esta persona y que el objetivo era recuperar el valor de lo perdido”, explicó el representante del Ministerio Público.

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