PILAR. Un contribuyente denunció ante el Ministerio Público al intendente municipal de Pilar, por supuesta exacción, estafa y defraudación. El hombre argumenta que el municipio pretendía cobrar 770.480.119 guaraníes por un inmueble ubicado supuestamente en el área rural. El hombre de derecho argumentó que el municipio local pretendía cobrarle el impuesto con una suma exorbitante...

PILAR. Un contribuyente denunció ante el Ministerio Público al intendente municipal de Pilar, por supuesta exacción, estafa y defraudación. El hombre argumenta que el municipio pretendía cobrar 770.480.119 guaraníes por un inmueble ubicado supuestamente en el área rural.

El hombre de derecho argumentó que el municipio local pretendía cobrarle el impuesto con una suma exorbitante por un inmueble ubicado supuestamente en el área rural.

Denuncian por exacción, estafa y defraudación al intendente de Pilar

Denuncian por exacción, estafa y defraudación al intendente de Pilar y se defiende

El intendente municipal Fernando Ramírez (ANR) se defendió de las acusaciones del abogado Raúl Antola y señaló que el pago del impuesto inmobiliario está establecido en la Constitución Nacional y por decreto presidencial.
“Desde hace 20 años se ha establecido los montos para las propiedades urbanas, ya vienen con cuentas corrientes. Si son propiedades rurales vienen con el padrón, muchas veces algunos no tienen padrón y a la hora de solicitar el fraccionamiento ahí actualiza el sistema de catastro”, indicó.
Ramírez argumentó que el municipio está cumpliendo de acuerdo a lo que establece el marco legal. “Los precios que vienen por cada predio, sea padrón o cuenta corriente, no es que la municipalidad establece”.

Te Puede Interesar:   Plan "hambre cero" manejará más dinero sin garantías de mejor control.

La justificación

Instó al abogado Raúl Antola a leer el marco normativo legal. “Son las cuestiones que uno debe saber, me gustaría que Raúl Antola como hombre derecho sepa que el municipio es un intermediario porque 70% de la recaudación del impuesto inmobiliario queda al municipio, 15% va a la Gobernación y otro 15% va a los municipios más pequeños”, justificó.
Insistió en que los precios para el cobro del impuesto inmobiliario están establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo.
“Eso está en un decreto ni siquiera está en una ley, en la Constitución Nacional del año 1992 se ha establecido con ese nuevo marco legal, sea yo el intendente o que venga otro después de mí va a aplicar el mismo mecanismo porque la Constitución Nacional lo establece así”, culminó.

Te Puede Interesar:   Trabajadores de San Lorenzo rechazan aumento de pago por alquiler.